EJES PROGRAMÁTICOS |
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Indice:
IU-ICAM, solidaria con el proyecto que encarna
Izquierda Unida, se presenta a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha
como un movimiento político y social cuyas propuestas y bases programáticas son
el resultado de un trabajo colectivo imbricado en la sociedad, que ofrece desde
planteamientos de izquierda alternativas tendentes a la transformación de la
sociedad y en consecuencia a la superación de las desigualdades entere los
hombres.
Estas propuesta y estas bases programáticas han ido conformando nuestros ejes para poner en práctica la "otra forma de hacer política" desde la honestidad, la ética y la coherencia que impulsa el quehacer cotidiano de esta fuerza política.
La V Asamblea Federal ha renovado su apuesta por los programas presentados a las elecciones Municipales y Autonómicas de 19956 y a las Generales de 1996 porque en estos momentos de avance de las posiciones neoliberales, a través del proceso de mundialización que en el caso europeo antepone los intereses monetaristas a los sociales, es imprescindible plantear ante la sociedad, la rotundidad y viabilidad de esas propuestas aplicadas al territorio castellano-manchego.
Un espacio como Castilla-La Mancha, en buena parte deprimido, donde las estructuras económicas han sufrido un proceso de deterioro que los diferentes gobiernos autonómicos no han sabido o no han querido detener, un territorio en el que las sucesivas modificaciones que ha habido en las diferentes OCM sólo han contribuido a hacer más difícil la situación en el mundo agrario que ya no es el principal empleador de la región, en la que la palabra Europa, despierta cuando menos la inquietud en numerosos colectivos sobre los que recae el peso injustificado de los constantes ajustes de la unión monetaria, región que ve aumentar día a día el proceso de tercialización del mercado de trabajo, que ve cómo el empleo industrial se reduce trimestre a trimestre, que ve cómo los jóvenes, los mayores de 45 años, las mujeres... engrosan las cifras de población activa y no ocupada, in espacio como Castilla-La Mancha, demanda, porque las necesita las propuestas de IU-ICAM.
IU-ICAM hace suyos los ejes programáticos definidos y aprobados en la V Asamblea y en función de una realidad regional considera como prioritarios para Castilla-La Mancha los siguientes:
Por una sociedad de pleno empleo: el reparto del trabajo.
La ordenación territorial colmo eje de un desarrollo sostenible.
Por una sociedad igualitaria con derechos y deberes compartidos, no a la exclusión social.
La participación ciudadana garante de la permanente democratización de lo público.
Educación y Cultura como elementos liberadores del ser humano.
Necesidad de analizar y proponer una política regional por el empleo.
Es importante recordar que el territorio, es decir, la estructura territorial y urbana, es una relación social, al ser reflejo y materialización de procesos históricos, de la estructura económica y social.
Partiendo de la función social de la intervención pública en el territorio a través de la política regional y/u ordenación territorial, al ser encuentro de políticas económicas, sociales y territoriales, es posible detectar la estructura productiva, el mercado de trabajo y, por lo tanto, las potencialidades presentes en un territorio, así como aquellos eslabones del proceso producción-distribución presentes o ausentes en dicho espacio.
La política regional permite el análisis y el diseño de nuevas políticas y medidas para un desarrollo endógeno, es decir, es posible prever e implementar políticas específicas que aprovechen las potencialidades de la actual estructura económica, territorial y social.
Además, la política regional se corresponde con las propuestas de Izquierda Unida: por un "nuevo modelo de desarrollo económico, social y ecológicamente sostenible, equilibrado y democrático". El sistema democrático vigente se encuentra en una profunda crisis que afecta a sus instituciones básicas (Gobierno, Parlamento, Poder Judicial, Partidos Políticos, etc.) y que reduce los fines y valores de la democracia (libertad, igualdad, justicia, pluralismo, participación, etc.) y deslegitima el propio sistema frente al ciudadano.
La respuesta a este problema sólo puede darse en el marco de una democracia avanzada que manteniendo la centralidad de lo público, profundizase en los valores democráticos y en la restitución del control del poder político a los ciudadanos. En el desarrollo de nuestro modelo de "democracia participativa", un elemento imprescindible es el de la descentralización, "sólo aquellas funciones que no puedan ser realizadas más eficientemente en el nivel más bajo, pueden estar bajo la jurisdicción del nivel siguiente más alto", lo que implica la aplicación del principio de subsidiariedad, la descentralización política territorial, que en nuestro caso se plasma en la apuesta por un Estado Federal, el fortalecimiento del poder y las competencias de los municipios, ya que consideramos a éstos como el espacio idóneo para articular la democracia participativa, pudiendo acercar al ciudadano el conjunto de actividades y servicios que más, inciden en sus condiciones de vida.
Para poder hacer lo anterior necesitamos conocer la estructura productiva y el mercado de trabajo existentes en Castilla Mancha, tenemos que saber cuáles son los planes de estrategia regional, es decir, todos los instrumentos y materiales que nos puedan ayudar a analizar para conocer e incidir. También debemos conocer la interpretación y valoración de todos los agentes sociales, económicos y políticos del territorio y contar con su colaboración y participación para el desarrollo de nuevos instrumentos y estrategias.
Existe un desconocimiento de estrategias a aplicar en la región, en las provincias y municipios, los plantes son copiados de otros territorios y no están basados en el desarrollo específico y necesario para el ámbito en cuestión.
Por eso, que desde IU-ICAM debamos potenciar las políticas regionales y locales, aumentando la participación de los agentes sociales y económicos en los procesos de elaboración, evaluación, seguimiento y gestión.
Debemos apostar por el desarrollo competencial de nuestra Comunidad Autónoma y de nuestros ayuntamientos para integrar las políticas económicas, territoriales y medio ambientales.
Potenciar la descentralización y la participación de iniciativas públicas propuestas desde entidades sociales, sindicatos, asociaciones vecinales, etc., de modo que puedan proponerse, previa experimentación social, la emergencia de nuevos yacimientos de empleo que puedan tomar distintas formas, iniciativas locales de empleo, por ejemplo.
Las nuevas tecnologías ofrecen grandes posibilidades en el marco territorial y regional, y deben contemplarse en e marco del nuevo modelo propuesto.
La empresa pública, con su papel relevante de reindustrialización, industrialización, debe ir más lejos que simplemente ocupar sectores estratégicos, debe potenciar el desarrollo endógeno articulado a las pequeñas empresas, servicios, etc. Se deben articular subvenciones y ayudas a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, buscando objetivos más amplios que los estrictamente empresariales: limitación del volumen de empleo temporal, planificación empresarial, etc.
Potenciar las negociaciones colectivas. En éstas se podría destinar un 1 por 100 para la creación de empleo, para lo que serían las empresas públicas las primeras en aplicarlo.
Potenciar a nivel local todas aquellas costumbres de pequeños trabajos: bolsas de nuevas actividades, energías renovables, recogidas selectivas, etc.
Potenciar y crear en su caso los consejos económicos, ecológicos y sociales desde nuestra comunidad autónoma y desde nuestros ayuntamientos.
En general, y a partir de la planificación de una estrategia territorial-regional, determinar las líneas estratégicas para un nuevo modelo de desarrollo y creación-reparto del trabajo, en base a la infraestructura económica existente y las acciones para completar ciclos no desarticulados de producción y distribución.
Análisis Político de los datos estadísticos
El continuo aumento del paro en toda Europa ha obligado a que se convierta en un problema necesariamente a tratar en todos los foros de decisión política. Todos los sondeos, encuestas y declaraciones de responsables de todos los partidos políticos, sin excepción, consideran el paro como el problema que más preocupa a la sociedad en su conjunto.
Para descubrir las causas y situar adecuadamente la dimensión del fenómeno es inevitable utilizar datos y conceptos estadísticos que con cierta solvencia nos presenten el problema para, a partir de esa fría realidad, buscar las posibles soluciones.
Después de dos reformas del mercado laboral (1994, 1997), que según sus promotores iban a conseguir ponernos en el camino de la solución definitiva, el análisis que a tenor de los datos podemos hacer en Castilla-La Mancha es el siguiente:
Una escasa capacidad de producir empleo por parte de la economía de nuestra región. En esa disminución del volumen de empleo se demuestra desde el momento en que se ha incrementado en el periodo 1991-1996 la población de 16 años y más en 11.500 personas y sin embargo el número de ocupados ha disminuido en 32.500 personas.
Se produce un aumento en las altas tasas de desempleo. El porcentaje de parados en relación al total de la población activa regional era en 1991 el 12,98% y en relación a la población de 16 y más años del 5,82%. Esas cifras se incrementan considerablemente en 1996, pasando respectivamente al 19,49% y 8,79%.
- El desempleo de larga duración ha crecido. El paro entre 1-2 años ha pasado del 14,6% en 1992 al 19,3% en 1996, habiendo variado el paro de más de dos años del 23,5% en el año 1992 al 29% en 1996. Esto nos indica que el paro ha crecido más como resultado de una disminución de las salidas del paro que debido a un incremento de las entradas al mismo.
La incorporación al mercado del trabajo es cada vez más tardía, mientras que la salida del mismo es cada vez más temprana. La población que busca su primer empleo se ha incrementado de 17.293 en 1991 a 23.100 en 1996, habiendo pasado la población con menos de 25 años de un paro en 1992 del 25,2% a un 34,7% en 1996. La tasa de actividad de los menores de 25 años ha descendido del 52,8% en 1992 a 48,1% en 1996. Por su parte la tasa de actividad de los mayores de 55 años ha disminuido de un 17,1% al 13,3%.
Los principales perjudicados por el desempleo son las mujeres, los jóvenes y los trabajadores con niveles académicos más bajos. La tasa de actividad femenina aumenta del 27,4% en 1992 al 29,7% en 1996, que es muy inferior a la tasa de actividad del hombre que en 1996 es del 61,8%. Pero a pesar de ser mucho menor el porcentaje de mujeres activas que el de los hombres, sin embargo el porcentaje de mujeres paradas en 1996 es del 28,5%, muy superior al de los hombres que es del 14,3%. Por su parte, los jóvenes superan con mucha diferencia la media de paro, que en 1996 se situaba en el 19,9%, mientras que en el tramo de edad comprendido entre los 16-19 años si situaba en el 37% y entre los 20-24 años en el 33,9%. Por otra parte, el paro también se incrementa por niveles académicos, de ahí que de un total de parados en 1996 de 95.553, desde los analfabetos hasta los que tienen los estudios primarios sumen 77.700 trabajadores desempleados, el 81,31%.
La cobertura del desempleo no llega al 50% de los afectados. Si en 1992 asistían 78.700 parados y los beneficiarios de prestaciones eran 60.629, en 1995 los desemplados habían aumentado hasta 118.200, es decir, 39.500 más, mientras que los beneficiarios disminuyen en 10.472.
Por sectores. De 1992 a 1996, cambia el reparto de activos por sectores de la producción, baja la tasa en Agricultura de un 14,6% a un 12,6% y la Industria de un 21,4% a un 17%, y aumenta en cambio en la construcción de 14,4% a 15,4% y servicios de 45% a 47%, así como en profesiones no clasificables. Esto denota, que se sigue notando la adaptación de nuestra economía a las nuevas circunstancias de la producción industrial, con una mayor destrucción de empleo en sectores como la industria capaces de proporcionar empleo fijo y especializado. Junto a ello, el constante descenso de la ocupación de mano de obra agrícola que en el marco de una cada vez más restrictiva política agraria comunitaria está afectando y afectará a las posibilidades de mantenimiento de los empleos agrícolas tradicionales. Si bien es cierto que en el sector de la construcción ha aumentado, también lo es, que se está resintiendo de las políticas restricitivas respecto de las infraestructuras y las obras públicas, así como el insuficiente volumen inversor en planes de vivienda o edificación civil, que está provocando que un porcentaje muy alto de los trabajadores de la construcción tengan que trasladarse a trabajar todos los días a Madrid. También aumenta el sector de servicios, sobre todo en hostelería y en actividades recreativas, que ofrecen empleo de escasa calidad y con pésimas condiciones de trabajo.
Se trata, sin duda, de un chantaje en toda regla: o se aceptan las reglas del juego neoliberal o el Estado que se atreva a infringirlas estás de antemano condenado a la fuga de capitales, de cerebros, al ostracismo y el boicot decretados por el concierto globalizador. Desgraciadamente uno de los motivos del avance de las posiciones de derechas y de su actual hegemonía en la construcción de la Unión Europea y de la gestión del proceso de globalización de la economía, es que dicho dogma neoliberal ha calado en buena parte de la izquierda.
Las propuestas por el empleo en nuestro país vendría de la mano de El Programa Plurianual de Empleo 1997-2000, consistente en una especie de catálogo de intenciones que recoge en un prolijo texto todas las medidas ya experimentadas desde hace largo tiempo, a título de inventario.
El PPRE trata de poner en marcha los cinco ámbitos propuestos por la U.E. en Essen. No ofrece nada nuevo para quien conoce las líneas de actuación de Essen perfectamente resumidos en la Declaración de la Cumbre de Dublín sobre empleo, de finales de 1996. Dicha resolución manifiesta que el empleo sigue siendo la primera prioridad de la U.E. y de los Estados Miembros, y que, pese a la profunda preocupación que siente por la lentitud de una evolución favorable al incremento del empleo, hay motivos para el optimismo, en función de los cambios de las variables macroeconómicas (inflación baja, consolidación fiscal, reducción de los tipos de interés, aumento de la confianza, y la rentabilidad de las inversiones).
Las propuestas del PPRE están contenidas en los siguientes cinco capítulos:
Trata del fomento de las inversiones en formación, adaptando los recursos humanos al cambio tecnológico y ocupacional actual como referencia de la planificación de la formación y reorientando el marco institucional para la adaptación al empleo.
Habla de aumentar la intensidad en la creación de empleo, para lo que confía en que la convergencia europea suponga el impulso de un entorno macroeconómico favorable al empleo, amén de que se potencien determinadas políticas territoriales (pegadas al terrreno de lo local fundamentalmente) y sectoriales (regenerando el tejido empresarial y asumiendo las nuevas formas de organización del trabajo, sobre todo en las pymes, y el autoempleo de los emprendedores) para intensificar la creación de empleo.
Plantea la reducción de los costes laborales no salariales mediante subvenciones y bonificaciones de las cuotas patronales de la Seguridad Social y la reducción de costes laborales del despido (con la excusa de la contratación estable y de los incentivos fiscales para la creación y mantenimiento de empleo).
Resume los acuerdos sobre reforma de los mercados de trabajo, del marco institucional entre agentes sociales y económicos: diálogo social, su descentralización en el territorio, así como la implantación progresiva de políticas activas, en detrimento de las políticas pasivas.
Habla del reforzamiento de las medidas a favor de los grupos particularmente afectados por el desempleo: revisión de las políticas de inserción de jóvenes y mujeres, prevención del paro de larga duración, tratamiento ocupacional-formativo de los desempleados mayores de 40 años y de los trabajadores discapacitados, así como del programa de atención a amenazados de exclusión y de los colectivos desaventajados.
Finalmente habla de los medios institucionales y concede una enorme importancia a la descentralización en las Comunidades Autónomas, y otorga a la administración estatal el papel de coordinador, de gestor de prestaciones, así como de mentor del observatorio del empleo.
El PPRE ha sido redactado siguiente el guión de Essen, reinterpretado según las pautas de Dublín.
En este sentido cabe recordar, que el Consejo Europeo reafirma su compromiso con la estrategia integrada para el empleo desarrollado en Essen y que se resumiría en la siguiente afirmación: "el Consejo de Europa respalda a los Estados Miembros en sus esfuerzos en pro de la consolidación presupuestaria. No hay ninguna incompatibilidad entre las políticas macroeconómicas y presupuestarias aceptadas, por un lado, y un crecimiento fuerte y sostenible de la producción y del empleo, por otro".
Es bien consciente el Consejo de Europa al redactar esto, que si hay serias contradicciones entre las directrices macroeconómicas ortodoxas y la habilitación de política activas, que requieren inversiones importantes por parte del sector público o de las administraciones de los Estados miembros y que el débil presupuesto comunitario no es suficiente ni siquiera para coadyuvar a esas políticas. Confiar en una reestructuración selectiva del gasto público, así como en la eliminación de los costes de transacción y de los riesgos que suponen los tipos de cambios para el turismo, el comercio y la inversión entre los Estados miembros, como elementos determinantes de la sostenibilidad del empleo, es de una absoluta ingenuidad que se incrementa si se confía en el enfoque de corregir las deficiencias de los mercados laborales europeos hacia una mayor flexibilización y desregulación.
Tras lo dicho, se puede concluir que las propuestas del neoliberalismo son, de un lado, profundizar el marco desregulador (contrareforma laboral, fiscal, etc.), privatizador y liberalizador, y por otro reformar los sistemas de empleo en dos direcciones; una, en el sentido de recortar las políticas pasivas (cobertura al desempleo, prestaciones y ayudas al desempleado), a fin de liberar financiación para impulsar políticas activas para la creación de nuevos empleos, aunque éstos sean basura.
Respuestas presupuestarias del Gobierno Regional al problema del paro.
En Castilla-La Mancha, a pesar de contar con un gobierno del PSOE, las propuestas por el empleo siguen las reglas del juego establecidas en el ámbito europeo y español, es decir, se realizan políticas coherentes con los dogmas neoliberales. También el cuestionamiento y fracaso de esas fórmulas, como creadoras de empleo, son evidentes a tenor de los datos de nuestra región.
De esta manera, del análisis del contexto económico regional se deduce que aunque se ha producido en el año 1997 una elevado tasa de crecimiento del PIB regional, por encima de la media nacional, lo que ha permitido un recorte en el diferencial del PIB/habitante en relación a la media nacional, sin embargo la tasa de paro regional sólo ha sufrido una moderada reducción de la tasa de paro regional, situándose en 1997 en el 19% de los activos, mientras en 1996 era del 19,4%. Esto demuestra que el crecimiento económico sostenido como única solución a la creación de empleo es una fórmula insuficiente para la solución del desempleo.
Por otra parte, la mejor manera de conocer las respuestas más inmediatas del gobierno regional al problema del paro es estudiar los Presupuestos Regionales para 1998. De su interpretación se pueden sacar las siguientes conclusiones:
1ª. En primer lugar, hay que destacar, que de un presupuesto en torno a los 403.892.232 (miles de pesetas), los recursos dirigidos a la creación de empleo de forma directa alcanzan la cifra aproximada de 8.500 millones, distribuido entre el Plan Regional de Empleo, las líneas incentivadoras del empleo autónomo y asociado, el gasto en formación, los recursos dirigidos a la reinserción laboral de los discapacitados y los centros de información de empleo. Esta cantidad supone el 2,1% del total del presupuesto lo que nos da idea de la poca importancia que el gobierno regional le da a sus políticas directas de creación de empleo.
Sin embargo, siguiendo fielmente los postulados neoliberales, se reparten aproximadamente la misma cantidad, más de 8.000 millones de pesetas, a incentivos a la inversión privada, con más de 4.000 millones de pesetas, y al fomento de la empresa agroalimentaria para lo que se destinan más de 4.100 millones de pesetas. Por su parte, las empresas privadas recibirán, entre subvenciones corrientes y de capital, más de 154.000 millones de pesetas, lo que supone el 38,12% del total del presupuesto.
Es evidente, que confiar únicamente en la voluntad de los empresarios de invertir en puestos de trabajo no soluciona el desempleo, de hecho para el año 1998 como se ha dicho anteriormente, se destina cerca del 40% del presupuesto a ayudas y subvenciones a las empresas privadas, continuando con la misma política de años anteriores, y se ha contrastado que a pesar de ese esfuerzo presupuestario los índices de paro sólo descienden de manera poco importante.
2ª. En materia de Infraestructuras Básicas, a pesar del incremento del 9% respecto a 1997, con lo que se destinarán 32.000 millones de pesetas para financiar las política de infraestructura en carreteras e infraestructura hidráulica, es decir, un 7,9% aproximado del presupuesto, es una cantidad que no responde a las necesidades en infraestructuras que necesita la región y defrauda las potencialidades de creación de empleo que puede generar un desarrollo adecuado de este sector.
3ª. Tampoco parece prioritario el sector de la vivienda que proporcione una vivienda digna y en condiciones ventajosas a los ciudadanos más desfavorecidos y, al mismo tiempo, con mayores necesidades. En este sentido, el gasto de actuación en vivienda asciende a los 11.500 millones de pesetas, un 2,8% del presupuesto.
4ª. En cuanto al Gasto Social, un sector de gran importancia en la creación de nuevos puestos de trabajo, el gobierno regional dedica a programas de gasto que tienen como principales beneficiarios a los mayores 1.732 millones de pesetas, el 0,42%, mientras que los programes que tienen por beneficiarios a los discapacitados ascienden a 2.234 millones de pesetas, un 0,55% del total del presupuesto. Lo que demuestra la falta de sensibilidad y apuesta por los servicios de proximidad y mejora de las condiciones de vida de esos importantes sectores de la sociedad.
5ª. En relación a las Corporaciones Locales de la Región hay que subrayar que las dotaciones presupuestarias ascienden a 67.820.950 (miles de pesetas), lo que supone un 16,79% del presupuesto. Datos que indican la falta de voluntad de descentralizar y fortalecer las competencias de las corporaciones locales.
6ª. Finalmente, hay que referirse a los recursos destinados a financiar las políticas de protección del medio ambiente, que ascienden en este presupuesto a 11.813 millones de pesetas, el 2,9% del presupuesto, cantidad absolutamente insuficiente, incapaz de afrontar con garantías la lucha contra la erosión y la conservación de suelos agrícolas y contra los incendios.
La conclusión que se obtiene de lo anteriormente señalado es la falta de diferencias en política prespuestaria del Gobierno Regional del PSOE respecto a las políticas presupuestarias del Gobierno de España o de Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, es decir, el seguimiento más escrupuloso de las directrices que marcan las recetas neoliberales, puestas en funcionamiento en Europa y en España. No existe ninguna apuesta seria y decidida o novedosa respecto a políticas activas y búsqueda de sectores emergentes, ni fórmulas de reparto del trabajo, ni fórmulas complementarias a las ya existentes y de las que conocemos su fracaso.
Cuestionamiento de la propuestas neoliberales.
Dejar de las manos invisibles del mercado la creación de empleo, fundar toda la política económica en el crecimiento sostenido, que lo demás (el empleo, el bienestar, etc.) se dará por añadidura, se ha visto desmentido por la cruda realidad del crecimiento del paro. También se ha desmontado con el paso del tiempo y de las experiencias fracasadas otro dogma: la política de los años 80, que continúa tozuda en los 90, de desregular y flexibilizar sin pretexto de crear más empleo. El fracaso ya anunciado de las reformas del mercado de trabajo en el sentido de desproteger tanto la entrada como la permanencia y la salida de las relaciones laborales no ha creado empleo. Todo lo más, lo ha precarizado.
Por ello, cuando el PPRE afirma que "la convergencia crea empleo", no sólo realiza un acto de fe en el mercado a todas luces insostenible, sino una irresponsabilidad política de envergadura, pues si para otros países esa afirmación pudiera desde algunas ópticas ser una hipótesis más o menos cuestionable, para España, que ya ha probado la reforma desreguladora de 1994 en sus carnes, es una cruel obstinación.
Ya lo había anunciado en 1990 el informe Segura, que decía que no es posible modificar el volumen del empleo total que es capaz de generar una economía a medio y largo plazo mediante el cambio en las modalidades de contratación o abaratando el despido. Pero no se le hizo caso, siendo así que para entonces ya se había flexibilizado bastante, sobre todo la contratación, que era a la carta desde 1984. Se prefirió seguir dócilmente el dogma sin atender a la razón de la práctica. Poco más tarde, en el informe Desregulación y Empleo, elaborado por expertos de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea, se concluyen que el amplio proceso de desregulación y flexibilización laboral que se ha producido en Europa no ha provocado ninguna mejora en la creación de empleo y sólo ha servido para incrementar rápidamente las desigualdades sociales. Las desigualdades han dividido a la sociedad en dos: los que tienen trabajo fijo y los que no lo tienen o lo tienen precario, segmentando a esas dos categorías esenciales en multitud de subgrupos.
Esa actitud de seguimiento a ultranza de las recetas neoliberales ha generado que España tenga el doble de paro que la media europea, el triple de precariedad, trabajo para menos del 50% de los ciudadanos en edad de trabajar, más flexibilidad que nadie y un 20% de la población por debajo del umbral de la pobreza.
En aras del crecimiento económico sostenido como única solución a la creación de empleo, se justifican medidas impopulares, agresiones a las condiciones laborales de los trabajadores, repartos regresivos de la renta nacional, recortes de las prestaciones sociales, mientras se hace de forma simultánea abstracción de la destrucción natural de los costes externos de la contaminación, en definitiva, de los malos efectos del actual modelo de crecimiento económico. Modelo que arroja unas cifras que nos muestran su invalidez para obtener un crecimiento y empleo sostenibles; baste con ver las divergencia existente a lo largo de los últimos años entre crecimiento económico y sostenido y empleo, es decir, se ha atravesado un período intenso y sostenido de crecimiento económico y el desempleo ha aumentado.
En España, y aunque el ritmo de la actividad de los últimos meses sea más sostenido que el de la mayoría de las economías europeas, la situación descrita ha generado inseguridad. Así, y tal como se desprende de los últimos datos facilitados por el Banco de España referentes a 1996 como al primer semestre de 1997, la situación económica española se ha caracterizado en este período de tiempo por una lentitud en la recuperación del consumo, incluso en plena fase alcista del ciclo económico. Pese a la interesada propaganda oficial, se sigue produciendo una moderación en el crecimiento de los salarios y un recorte importante en el déficit de caja del Estado. Es decir, no han producido otros efectos que frenar el consumo, la demanda interna y la reactivación económica, y la generación de empleo estable de calidad.
Pero ha resultado que la aplicación de la reforma laboral que se prometía crear más empleo, como la de 1994, ha producido que la productividad haya descendido (mientras hasta 1994 se mantenía en torno al 3%, en 1995 baja al 0,1% y en 1996 al 1%), pues la excesiva precariedad y rotación del mercado laboral (sólo el 4% de los 8 millones de contratos han sido fijos) genera un mercado laboral desincentivado, que no favorece ni a los grandes empresarios, a los que pretendía facilitar la competitividad por la vía de la reducción de costes laborales. Esta reforma se ha pasado. Y por si fuera poco, esta precariedad ha generado un debilitamiento del consumo, que también se ha mostrado inconveniente para el propio crecimiento económico. Esta y no otra ha sido la motivación de la CEOE para convenir en reformar en 1997 algunos aspectos de la reforma de 1994 "hacia mejor", a cambio de obtener un abaratamiento del despido y una consolidación de la reforma de 1994 por la vía del consenso social, es decir, de la firma de los sindicatos mayoritarios.
Por todo ello, en una sociedad donde se condena a una parte sustancial de la misma al paro, la precariedad (sólo 4 de cada 100 contratos de trabajo sellados en el INEM durante 1995 y 1996 han sido de carácter indefinido y el resto, temporales y parciales) y la exclusión (8 millones de personas son pobres en nuestro país, son contar vagabundos y sin techo) y donde la otra parte de la población realiza agotadoras jornadas laborales, es preciso proponer un debate a la sociedad, que sirva para poner en marcha una serie de nuevas propuestas.
Nuestras propuestas alternativas de creación de empleo: El reparto del tiempo de trabajo.
Frente a la estretegia de crear empleo, aunque sea basura, consintiendo en la precarización del mercado de trabajo como única salida y de la desregulación o pérdida de los derechos sociales tan duramente conquistados por los trabajadores y por las democracias sociales, no existe la nada, como pretenden los dogmáticos de la economía ortodoxa, del neoliberalismo. La alternativa es adoptar una estrategia de crear empleo con derechos y repartir el trabajo. Estrategia que implica múltiples aspectos de la política económica y social, pero que en términos generales deberían realizarse sobre los siguientes ejes:
Hacen falta propuestas como el reparto y la reorganización del tiempo de trabajo y de la jornada laboral, del reparto de las mejoras de la productividad obtenidas por los cambios tecnológicos y las nuevas formas de reorganización industrial, de la sustitución del trabajo por ocio y de la potenciación de servicios e industrias ligados a éste último. Se trata de liberarse del trabajo no sólo en aras de obtener más empleos, más estables y mejor retribuidos (lo cual no es poco), sino también de ir acercando lo que para Karl Polanyi es la esencia del socialismo: la subordinación de las actividades económicas a fines y valores sociales, la subordinación de la racionalidad económica a los fines sociales. Como dice Benjamin Hunnicutt: en el futuro la izquierda se distinguirá fundamentalmente de la derecha por los objetivos emancipadores hacia los cuales trata de encauzar el campo técnico (...), por su voluntad de aplicar los ahorros en tiempo de trabajo a fines sociales y culturales, que devuelvan los objetivos económicos al segundo plano.
Y para ello hacen falta propuestas que centren la atención en encontrar sectores emergentes que pueden producir aumentos sustanciales de empleo, como por ejemplo: el medio ambiente, con la gestión de residuos, de las aguas y bosques; realizando una reconversión ecológica de la industria y otras actividades productivas; la investigación, potenciación y utilización de energías renovables y limpias; el sector de bienestar social o el trabajo socialmente útil.
Propuestas que mejoren la eficiencia del sistema productivo y de los trabajadores a través de la formación, de la calidad, de la investigación y desarrollo.
Propuestas que faciliten rápidamente la creación de puestos de trabajo, como la eliminación de las horas extraordinarias; la reducción de la jornada laboral sin que suponga poder adquisitivo, repartiéndose para ello de forma más equitativa los incrementos de productividad; la creación de fondos de inversión dentro de las empresas para la generación de empleo estable; fomentando y ayudando a las explotaciones familiares agrarias, cooperativas, sociedades laborales y a las empresas de economía solidaria y alternativa.
En definitiva, propuestas que es absolutamente
imprescindible plantearse y que necesitan de la participación y del diálogo de
todas las fuerzas políticas y agentes sociales, para que la sociedad en su
conjunto vuelva a tener el clima de confianza que posibilite aumentar la calidad
de vida y eliminar la precariedad actual, generando empleo suficiente, estable y
de calidad.
Política activas y búsqueda de sectores emergentes.
1º. Plan de activación de las políticas activas de empleo desde las Administraciones regional, provincial y local. En este sentido:
Las ofertas públicas de empleo que anualmente deben realizarse por las administraciones deben prever, al menos, la cobertura de todas las plazas a amortizar vía jubilaciones.
Transformaciones de todos los puestos ocupados actualmente por contratados temporales en empleo indefinido.
Las administraciones deben comprometerse a realizar las nuevas contrataciones, con carácter indefinido o, en su caso, procederán a la contratación de fijos discontinuos.
Eliminación de horas extraordinarias desarrolladas por los empleados públicos, creando, en su lugar, nuevas plazas que deben ser ocupadas por contratados de carácter indefinido.
Elaboración y aplicación de Planes de Formación Continua de empleados públicos, mejorando, de esta forma su cualificación, lo que redundará en una mejora de los servicios públicos y evitará su privatización.
Garantizar que los Objetores de Conciencia que realicen su Prestación Social Sustitutoria en las administraciones, no desarrollen tareas susceptibles de ser realizadas por trabajadores públicos.
Introducir en los pliegos de condiciones para la contratación de empresas de obras y servicios, una baremación que favorezca a aquellas empresas que garanticen estabilidad y calidad de empleo.
Las administraciones con capacidad de gestionar política activas de empleo regional, provincial, y municipios con población superior a 25.000 habitantes, deben crear Institutos Municipales para el empleo y la formación empresarial, que desarrollen programas de cualificación profesional de los trabajadores y permita su inserción socio-laboral así como la promoción de proyectos de autoempleo.
Creación de Escuelas de Taller y Casas de Oficio que favorezcan la formación y el asociacionismo cooperativo de los jóvenes trabajadores. En este sentido proponemos que se creen las Escuelas Taller que se necesiten para cubrir determinadas necesidades fijas de las administraciones, sobre todo en la Local, así a título de ejemplo:
1º. Mobiliario urbano
2º. Viveristas
3º. Jardinería.
4º. Canteros.
4º. Vidrio (Valdepeñas).
5º. Invernaderos y flores.
Propiciar desde las Administraciones la creación y mantenimiento de empresas mixtas (administración-privadas) y las empresas de economía social (Cooperativas y S.A.L.) y, en general las iniciativas de autoempleo (autónomos, profesionales, pequeñas empresas). En esta línea parece adecuada la fórmula, que para grandes proyectos, sean las empresas mixtas las que se potencien, por ejemplo para Mataderos, Industrias de Transformación, etc. Mientras que las Cooperativas y empresas de economía social sean para iniciativas relacionadas con la Artesanía, Dulces Tradicionales, Productos Autóctonos, pequeñas explotaciones Ganaderas y Agrícolas, Distribución y Venta de Productos, etc.
2º. Potenciación de los sectores del medioambiente, del bienestar social, del ocio y la cultura o del trabajo socialmente útil:
1º. Protección del medioambiente:
Mantenimiento de zonas rurales y de espacios públicos (reciclado local de residuos). Formación de Técnicos en mantenimiento y conservación del medioambiente.
Tratamiento de aguas, saneamiento de zonas contaminadas, protección de márgenes fluviales, repoblación forestal.
Recuperación del Entorno Rural. Utilización de Elementos Tradicionales.
Limpieza y acondicionamiento de las vías pecuarias y de los espacios comunales para uso turístico (recorridos turísticos y zonas de acampada).
Vigilancia y control de normas medioambientales y de las normas de calidad.
Formación y cualificación de Técnicos para la instalación de supervisión de equipamientos que ahorren energía.
3º. Fomentar las Infraestructuras nuevas y mejorar las existentes. Ampliar los Planes de Vivienda (de VPO) y consolidar un patrimonio público de viviendas en alquiler, para jóvenes y adultos con ingresos inferiores a 2,5 veces el S.M.I.
1º. Construcción de autovías regionales que articulen adecuadamente el territorio y que enlacen con las autovías estatales.
2º. Mejora de las carreteras comarcales, locales y de los caminos vecinales.
3º. Reconstrucción de lugares con valor cultural. Arqueología Industrial (ej. Minas de Puertollano y Almadén).
4º. Creación de la Empresa Regional de la Vivienda y de Empresas Municipales de la Vivienda.
4º. La Agricultura y la Ganadería continúan teniendo un importante peso en la economía de Castilla-La Mancha. No obstante, el volumen de ocupación no va acompañado de niveles de rentabilidad adecuados. Se hace necesario reorientar la agricultura y la ganadería buscando una mayor integración con el medio natural y por ende una producción más competitiva por su calidad medioambiental. En este sentido se debe apostar por:
1º. Una agricultura biológica y ecológica.
2º. Recuperación de la Ganadería Autóctona (vaca retinta, cerdo ibérico, oveja merina...).
3º. Potenciar las denominaciones de origen de los productos de determinadas comarcas (Valle de Alcudia, zona de los Montes, ...).
4º. Formación en la manufacturación de productos agrícolas y ganaderos: queseros, apicultores, cultivadores de corcho, perfumes, aceites. Creación de cooperativas dedicadas a la transformación de los productos agrarios y ganaderos.
5º. Promover la constitución de cooperativas que se dediquen a la comercialización y marketing, así como la distribución y venta de los productos agrícolas y ganaderos, para lo que será importante una previa formación.
La caza también es un recurso importante en Castilla-La Mancha, que deber serlo aún más si se aprovechan todas sus posibilidades. De esta manera, en torno a la caza debe desarrollarse una industria manufacturera: pieles, carne, embutidos, latas de conserva, etc.
Debe llevarse a cabo una política industrial activa, coordinando las acciones de la Comunidad Autónoma y las del Estado. Se trata de dar un giro de 180º en la política industrial. La existencia de un sector público industrial en Castilla-La Mancha y la existencia de inversiones públicas junto con incentivos que propicien las inversiones privadas en el sector industrial de Castilla-La Mancha es fundamental. En este sentido, participación del sector público empresarial en el diseño de una política de industrialización selectiva en la que se contemplen procesos de productos limpios.
Fórmulas para el reparto del trabajo.
El tema del reparto del trabajo debe pasar del plano del debate teórico al de la política práctica. Y para ello, nada como proponer un catálogo de medidas que puedan ser referencia de políticas concretas en función de circunstancias y del consenso necesario para llevarlas a cabo.
Lo importante es adoptar medidas de reparto del trabajo y de reducción de la jornada laboral, conforme a las posibilidades y exigencias de las nuevas condiciones de la producción, que requieren mucha menos mano de obra para producir cada vez más (hoy se requieren sólo 25 trabajadores para producir lo mismo que en 1960 producían 100), traduciendo los incrementos de productividad en reducción de jornada: 35 horas semanales hacia la propuesta de la CES de 32 horas; nuevo tratamiento de las horas extraordinarias, del pluriempleo y de los descansos voluntarios; disminución de la edad de jubilación, contrato de solidaridad. En concreto:
La reducción efectiva de la jornadas laboral a 35 horas semanales, sin que comporte pérdida de poder adquisitivo, utilizando para ello una mejor distribución de los aumentos de productividad obtenidos por los cambios tecnológicos y las nuevas formas de reorganización industrial.
La eliminación de las horas extraordinarias o, en su defecto, para casos excepcionales, compensación con jornada de descanso.
El establecimiento de la quinta semana de vacaciones .
El establecimiento de permisos para la formación y por razones familiares.
La posible elección personal para disfrutar de años sabáticos.
El adelanto de la edad de jubilación, con prejubilaciones y jubilaciones progresivas, con una mejora y potenciación de los contratos de solidaridad o de relevo.
Fórmulas para asegurar la estabilidad en el empleo y reducir la precariedad en el mismo.
Instar al Gobierno de España, y procurar en
los ámbitos que legalmente se pueda, la racionalización de las modalidades de
contratación, modificando la regulación de los contratos de obra y servicio
determinado, eventual por circunstancias de la producción y de interinidad,
refundiendo los contratos de formación y prácticas en un nuevo contrato
formativo, eliminando como modalidad de contratación el contrato a tiempo
parcial, pues estos contratos son contratos de cualquier tipo, cuya jornada
está reducida, y sustituir el contrato de relevo por un contrato de
solidaridad que sea una auténtica contribución al reparto del empleo.
Asimismo, se debe acabar con la habilitación legal del Gobierno para la
contratación temporal no causal. En definitiva, introducir el principio de
causalidad, reduciendo la temporalidad y precariedad, mejorando la calidad y
estabilidad del empleo y evitando su destrucción.
Se trata de intentar que se rehaga las contrareformas de 1994 y 1997, o por lo menos, en los ámbitos, donde se pueda, intentar controlar corregir los efectos más perniciosos para la estabilidad en el empleo.
Empresas de trabajo temporal
(ETT).
En Castilla-La Mancha se han
constituido y están funcionando en la actualidad un importante número de
Empresas Temporales. Desde IU-ICAM debemos dejar claro que somos partidarios
de un INEM o servicio público de empleo que asuma de forma eficaz, pública y
gratuita la colocación o colaboración en la búsqueda de empleo y, por tanto,
somos contrarios al actual proceso de desmantelamiento que está sufriendo el
INEM.
Regular los grupos de empresa y las contratas
y subcontratas.
También desde
IU-ICAM debemos promover acciones que insten a las instancias competentes a la
regulación de esta materia, que evite la desregulación fáctica que permite
este tipo de encabalgamiento de empresas, que, en función del ocultamiento de
las titularidades y las responsabilidades, permiten el incumplimiento de la
legislación laboral, fiscal, penal, etc.
Una política de empleo que se precie de consecuente, al menos desde el punto de vista de la izquierda, debería contener los siguientes elementos diferenciales básicos:
1º. Situar bien el ámbito de su actuación. El ámbito de las política de empleo debe ser el de la legislación, no sólo la negociación colectiva, rechazando los falsos prejuicios que dicen que las leyes no crean empleo, que ocultan que ellos también usan la ley, pero para sobreexplotar la trabajador, desfiscalizar las rentas del capital, etc.
2º. El cambio de modelo económico es imprescindible para evitar la insalvable contradicción entre reducción del gasto público y social y necesidad de inversiones públicas. La separación entre política económica y política de empleo lleva indefectiblemente a aceptar el marco desregulador, a cambio de políticas activas cuya financiación siempre es insuficiente.
3º. Voluntad de creación de puestos de trabajo directa desde el sector público, no dejando al sector privado y al mercado la exclusiva iniciativa de la creación de empleo, relegando al sector público al papel de mero coordinador e incentivador del sector privado.
4º. Fortalecimiento de las administraciones públicas de empleo y reguladoras del mercado de trabajo. No desmantelar el INEM.
5º. Priorizar la reducción del tiempo de trabajo, sin dejarlo a la iniciativa de las partes en la negociación colectiva, por encima de cualquier otro tipo de políticas. Reorientar las políticas activas e incluso las pasivas hacia la consecución de la reducción del tiempo de trabajo.
6º. Reivindicar la suficiencia financiera de las políticas activas provenientes de las administraciones europeas, estatales y regionales.
En resumen, la sociedad de pleno empleo es posible, pero para ello es necesario que se genere la correlación de fuerzas portadora de una nueva cultura y alternativa política que renuncie a la falsa vía de desregulación y las meras políticas activas de empleo, y que, finalmente, junto a las políticas activas y pasivas proceda a convertir incrementos de productividad en reparto del tiempo de trabajo y distribución de la renta.
Un matiz para la reflexión: reparto del empleo y del trabajo.
La búsqueda de soluciones al grave problema del desempleo nos ha llevado con frecuencia a confundir entre trabajo y empleo. Estamos tan impregnados de los valores de la sociedad capitalista que a menudo confundimos trabajo con trabajo asalariado, aquel que se realiza a cambio de un salario bajo las órdenes del contratante. Es cierto que en el momento presente la mayoría de la población necesita contar, directa o indirectamente, con un empleo asalariado que le permita obtener los medios monetarios con los que adquirir una serie de bienes mercantiles que necesita para vivir. Pero también es cierto, que el trabajo no asalariado, fundamentalmente el que se realiza como trabajo doméstico (y en menor medida diversas fórmulas de trabajo comunitario), constituyen una parte importante de la actividad laboral de nuestra sociedad. Referirse por tanto al reparto del empleo asalariado y del trabajo social en general son dos cosas distintas, aunque relacionadas. En el primer caso nos estamos planteando que todo el mundo tenga acceso a un empleo remunerado que le permita subsistir, en el otro entraríamos a discutir el reparto de la carga laboral entre el conjunto de la sociedad.
Desde esta perspectiva, el reparto igualitario del trabajo debería ser uno de los ejes continuados del trabajo de IU. Una línea que abre campos diversos de actuación. Entre ellos, el de considerar la política de la jornada de trabajo en conexión con otra serie de cuestiones, como su compatibilidad con las actividades reproductivas, sus efectos sobre la salud y la vida social, su impacto sobre la reorganización del trabajo, etc. Abrir un debate continuado sobre estas cuestiones, puede dar lugar a dos efectos interesantes.
En el plano de la elaboración concreta puede dar lugar al desarrollo de propuestas interesantes de reforma de la organización de trabajo. Algo de ello ya se está consiguiendo con la elaboración de planes que tratan de convertir la reducción de la jornada laboral en empleo.
Pero también pueden reforzar un necesario debate social sobre el papel del trabajo reproductivo, la situación laboral de hombres y mujeres, la estructura de cualificaciones laborales, en definitiva, debe permitir avanzar en aquellos valores de solidaridad e igualdad sin los cuales va a ser difícil que sectores importantes de la población apoyen activamente reformas orientadas a mejorar las condiciones de vida y trabajo de aquellas personas que hoy padecen en los diversos ghettos del desempleo, el trabajo doméstico y la precariedad.
Políticas de bienestar social.
Los resultados de las últimas elecciones en Gran Bretaña y Francia, con amplias victorias de los partidos de "izquierda" (en la conservadora Gran Bretaña con el triunfo del Partido Laborista, en el centro-izquierda, y en Francia con la victoria de un Partido Socialista, renovado en personas e ideas, junto al significativo aumento del Partido Comunista y los grupos verdes), manifiestan más allá de los análisis de "alta política" que se hagan, el cansancio de los electorados con las fuertes políticas de ajuste económico que han afectado a la mayoría de la población, en ese paraíso llamado Maastricht; y el deseo de recuperar un Estado de Bienestar, entendido no tanto como un Estado Asistencial, cuando desde la idea de la construcción de un Estado que actúe generando políticas igualitarias de derechos sociales y económicos para todos sus ciudadanos. Derechos tales como: el derecho a un trabajo, o en su defecto, y siempre como un mal menor, a unas prestaciones dignas por el desempleo, el derecho a una vivienda en condiciones, el derecho a una sanidad pública de calidad, e igualmente a una educación pública y de calidad, el derecho a unas pensiones dignas, etc. La defensa de todos estos derechos que han sido moneda común en estos países desde hace decenios de años, y que estaban en retroceso en Inglaterra con los distintos gobiernos conservadores y corrían peligro en Francia con el gobierno de Chirac, es lo que ha hecho a los electores dar un giro de 180º en sus preferencias políticas. Como anteriormente había ocurrido con otros países de Europa como Italia, Portugal o Grecia en la cuenca mediterránea y más al norte con Suecia.
Frente a las máximas del neoliberalismo que hablan de la inviabilidad e ingobernabilidad de los estados del bienestar paralizados por la sobrecarga de demandas sociales, que disparan el déficit público, y erosionan los mecanismos de incentivación del sistema capitalista: la libertad del mercado -la libertad de elección del consumidor- la competitividad y el individualismo -sobrevaloración de las aspiraciones y preferencias individuales- los viejos postulados del darwinismo social, que entienden al ser humano sobre todo como un "homo economicus" y según los cuales el estado no debería intervenir en esa supuesta "neutra selección" que hace el mercado incentivando a aquellos mejor dotados o con mayor capacidad de trabajo y rendimiento.
Debería quedar claro, de una vez por todas, que los ciudadanos de los modernos estados democráticos occidentales no están por perder las garantías que aseguran los niveles básicos de prestaciones que deben ofrecer los estados para cubrir las necesidades materiales más imperiosas e incluso las aspiraciones postmateriales basadas en valores político-morales, éticos, estéticos o afectivos tales como: la defensa de la Naturaleza, la defensa del derechos de inmigración, la defensa de los derechos civiles, de los servicios públicos básicos, de las minorías, etc.
Cuando se habla del fracaso del Estado del Bienestar, se sostiene que el excesivo coste que supone la vieja idea de la protección social se hace hoy insostenible y se postula sin el más mínimo sonrojo políticas de desprotección social que suponen aumento considerable de los umbrales de pobreza véase EE.UU. Gran Bretaña, España y el resto de la U.E. y de los países del Este abocados a un capitalismo salvaje, por no mencionar la situación de los países del Tercer Mundo donde no han existido las condiciones socioeconómicas para que se dé este molde de estado. Las políticas neoliberales siguen confiando en los viejos de la doctrina neoclásica, entre ellos la convicción en el mercado como un mecanismo natural autorregulador, que tiene el pleno empleo y la generación de un riqueza que, cuando se crea, llega a todos. Sin embargo, todo el mundo sabe ya que ni el aumento de la producción, ni por supuesto de los beneficios, ni la desregulación del mercado laboral o la moderación salarial conlleva el aumento de trabajo. El capitalismo de fin de siglo convive perfectamente con tasas de paro, que actúan positivamente desde la óptica capitalista, sobre los salarios desincentivándolos y sobre la obediencia de los obreros, temerosos ante las amenazas de perder el puesto de trabajo.
La crítica del Estado del Bienestar tiene un horizonte más amplio y más sibilino, puesto que cuanto mayor es el ataque a éste y más aceptada parece su inviabilidad (asumida incluso por algunos socialdemócratas) más se está poniendo en cuestión una posible alternativa socialista. A lo más que se puede aspirar, se nos dice veladamente, como mal menor, es a un Estado de Bienestar capidisminuido. Este es el gran engañó de la ideología neoliberal que nos "vende" a todas horas. Sólo desde esta posición se pueden entender afirmaciones tales como lo único que puede hacer la izquierda es una mejor gestión del actual sistema capitalista, olvidándose de la transformación radical de la sociedad hacia un nuevo modelo más igualitario y solidario para con todos los pueblos.
Por ello, es necesario una redefinición "fuerte" del Estado de Bienestar, que no sea meta, sino horizonte mínimo desde el que partir para hacer verdaderas políticas igualitarias en lo social y lo económico, únicas señas de identidad de la izquierda.
El bienestar social es siempre un concepto relativo, por ello mismo el bienestar social es siempre mejorable. Una vez satisfechas las necesidades más básicas, los ciudadanos aspiran satisfacer necesidades postmateriales. Este proceso está inscrito en la propia condición del ser humano que tiende a su realización plena.
Por último en esta redefinición del Estado del Bienestar debe tener en cuenta que el bienestar social y sus niveles no son permanentes, tal y como se está viendo en la actualidad con el retroceso de muchos logros que se habían conseguido en décadas anteriores. Por ello es necesario mantener, por parte de todos los colectivos sociales, no sólo sindicatos y partidos de izquierda, una atención prioritaria a las políticas sociales que se están realizando por parte de los gobernantes, puesto que éstos, aunque sólo sea teóricamente están puestos para servir al pueblo, único soberano al bien general, y no a sus propios intereses o a los de las clases dominantes o grupos de presión.
La mejor manera de reconstruir, en un sentido fuerte, el Estado del Bienestar debería hacerse desde las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, que es el poder más cercano a los ciudadanos y por lo mismo aquel en que puede participar de un modo más directo, siendo no sujetos pasivos sino sujetos activos de las distintas políticas sociales. Para ello es necesario diseñar una nueva política regional que suponga mayores competencias para las Comunidades Autónomas, pero también llegar a la cota de 25% de los Presupuestos Generales del Estado para financiar, junto con los propios recursos dichas competencias.
El horizonte de estas propuestas debe ser la convicción de que las desigualdades sociales no pueden ser solucionadas a partir de un modelo de Estado de Bienestar concebido de manera meramente asistencialista o reparador del orden social. El objetivo fundamental de este modelo de Estado debe ser la prevención e intervención directa sobre las causas que generan la "nueva pobreza": paro, empleo precario, encarecimiento de la vivienda, fracaso escolar, etc.
Esta política social debe hacerse sobre la base de una propuesta negativa: evitar a toda costa la dependencia política de los ciudadanos respecto a los partidos en el gobierno, sea éste local, autonómico y central. El clientelismo político (electoralismo) atenta contra la condición de ciudadano, aún más, contra la condición propia del ser humano, pues hace del sujeto un "eterno niño" pasivo receptor de la beneficencia social. Esta forma de paternalismo y voluntarismo desideologizado atenta de pleno contra el ser de la democracia que parte de la mayoría de edad de todo ciudadano para convertirse en sujeto activo de su futuro.
Teniendo presente lo anteriormente expuesto, las propuestas mínimas que, desde la acción autonómica, favorecerían un redefinición del Estado del Bienestar serán las siguientes:
Servicios Sociales.
La Constitución Española en su art. 49 dice: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" y el art. 50, referente a la tercera edad: "... promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio". Así pues, los servicios sociales lejos de ser un lujo de la sociedad, son un mandato constitucional. Partiendo de esta base, que creemos irrenunciable, debemos exigir a los poderes públicos el desarrollo en su integridad de esos dos artículos.
En Castilla-La Mancha, la población de personas mayores de 65 años, supone más del 16% de la población total, mientras que la media nacional ronda el 14%.
Nuestra región tiene transferidas las competencias en servicios sociales desde octubre de 1995, y desde entonces hemos asistido a un importante deterioro en la calidad de los servicios que se prestan debido principalmente al afán privatizador del Gobierno Regional presidido por José Bono.
Las competencias en servicios sociales las tienen también los Ayuntamientos y Diputaciones. Esta diversidad de instituciones lejos de haber colaborado en la planificación y racionalización de los recursos, han hecho de sus actuaciones puro electoralismo con la clara intención de "cazar" el voto de un amplio sector de la población. Se tendrán que establecer cauces de colaboración y participación para acercar los servicios a los ciudadanos evitando duplicidades.
Las carencias en tercera edad, colectivo de minusválidos e infancia, son excesivas. La demanda excede a la oferta, es necesario crear y dotar centros de Atención y Recuperación de personas con minusvalías, así como plazas en guarderías y centros de atención al menor.
IU-ICAM demanda la construcción de centros, tanto de válidos como de asistidos, de estos al menos uno por provincia. La ratio de estos centros ha de ser de cuatro plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.
Junto a una mejor y mayor oferta en la Ayuda a Domicilio que debe prestarse desde las instituciones y no desde entidades privadas financiadas con dinero público, IU-ICAM considera imprescindible:
Sistema de resolución inmediata para la urgente necesidad.
Subvenciones para reparaciones y adaptación de viviendas.
Subvención para la adquisición de prótesis.
Potenciación del programa "Alojamiento Alternativo".
Reserva en todas las promociones públicas de un 5% de viviendas adaptadas a personas mayores y a minusválidos en régimen de usufructo o alquiler.
Potenciar el programa de viviendas tuteladas para la tercera edad y para minusválidos.
Realizar programas que permitan alargar la estancia del anciano el mayor tiempo posible en su domicilio.
Servicio de teleasistencia a todas las personas mayores de 75 años que vivan solas.
Gratuidad de los medicamentos.
Potenciar el programa de Turismo Social con pago en función de los ingresos.
Máxima difusión de los programas del Servicio de Estancias Diurnas.
Eliminación de barreras arquitectónicas.
Creación de centros de atención a enfermos con trastornos mentales.
Creación de centros para plurideficientes.
Refundión en único documento de la normativa de ayudas para minusválidos de toda la región y de las distintas provincias y municipios.
Consecución de las mismas ayudas, con independiencia del municipio en el que resida el minusválido.
Creación de centros para la adaptación y formación de minusválidos sensoriales.
En cuanto a las drogodependencias IU-ICAM exige que las mismas sean consideradas como enfermedad común, integrándose en el sistema de protección de la Seguridad Social. Y además la adopción inmediata de las siguientes medidas:
Creación de centros para la prevención, rehabilitación y reinserción de drogodependientes.
Planes de rehabilitación acompañados de apoyo social básico -alojamiento y comida-.
Programas de integración.
Programas de prevención en las escuelas y en niños y adolescentes en escenarios de riesgo.
Apoyo a las familias desectructuradas.
Creemos en el derecho de los niños a participar activamente en la vida de la región. Este derechos implica entre otras cosas:
El derecho a expresar opiniones y hacer que éstas sean consideradas ya que afectan a su bienestar.
Derecho a ejercer la libertad de pensamiento, de conciencia y religión.
El derecho a reunirse con otras personas e integrarse en asociaciones o bien a constituirlas.
Derecho a tener acceso a información y compartirla y difundir sus disposiciones entre la infancia en un idioma que se les pueda entender.
Se hace imprescindible la elaboración de un mapa de todos los servicios públicos y privados que en la región se ofrecen a los niños y a las niñas en defensa de sus derechos.
Es preciso destacar el alto poder preventivo que tiene el hecho de que la infancia participe en la vida social. Una infancia únicamente cuidada o protegida es una infancia alienada.
IU-ICAM propone la creación de los Consejos de pequeños y pequeñas a nivel de barrio, ciudad y región.
El problema de los menores con dificultades de adaptación no se contempla en su justa dimensión en Castilla-La Mancha. La protección a estos menores en nuestra región presenta deficiencias apreciables. En Castilla-La Mancha, el gobierno regional ha apostado por el cierre de centros de menores bajo el equívoco de que tiene costes elevados y que se garantiza mayor atención en los pisos tutelados que en los grandes centros. Siendo cierto lo segundo, hoy podemos asegurar que una red de pisos tutelados es mucho más cara que los recursos de los grandes centros. En Castilla-La Mancha se han cerrado centros de menores y se han abierto pisos tutelados gestionados por Organizaciones no Gubernamentales que en algunos casos son auténticas empresas con ánimo de lucro. IU-ICAM considera necesaria la construcción de al menos, dos centros de Primera Acogida por provincia, atendidos por empleados públicos cualificados.
IU-ICAM, apuesta por la elaboración de programas encaminados a reinsertar al menor en su familia y en su entorno, terminar con los "arrestos" y sustituirlos por tareas sociales en beneficio de la comunidad y del propio menor.
Mujer.
Las propuestas que plantea IU-ICAM son el resultado de un compromiso político, ético, cotidiano y coherente con las transformaciones que deben abordarse en los comportamientos sociales en el final del siglo y el milenio. Este compromiso tiene que llevarnos a hacer políticas específicas para las mujeres.
Nuestro objetivo central es acabar con las desigualdades sociales, territoriales y de género, es decir, acabar con la visión masculina del poder, con la marginación de las mujeres en el modelo económico y político. En todas las facetas de la vida se ha de mantener la visión feminista de la transformación de la sociedad.
La creciente participación de las mujeres en la vida cultural, social y política, teniendo como el punto de partida el cambio ideológico que el movimiento feminista provocaba en nuestras conciencias y en la sociedad en general.
Es fundamental reivindicar en nuestra alternativa el papel económico y social que cumple el trabajo doméstico de tareas variables y algunas complejas, las relacionadas con atención a menores y discapacitados. Si partimos de la consideración de la actual situación de desigualdad entre géneros, podremos comprender la menor participación de las mujeres en política.
IU-ICAM debe favorecer esa participación no sólo mediante medidas de discriminación positiva, sino cambiando las formas y el contenido de la política.
La emancipación de las mujeres gira en torno a la centralidad del trabajo como elemento que proporciona independencia económica e igualdad y en el reparto de las tareas domésticas de forma paritaria.
La incorporación de la mujer al mundo del trabajo, está sufriendo los recortes de Maastricht fundamentalmente en dos aspectos:
Por una parte la escasez de trabajo que afecta a las mujeres y a los jóvenes y de otra parte los recortes y privatizaciones del sector público que desplazan de nuevo al seno doméstico, el cuidado de los mayores, sobre todo si se encuentran con problemas de salud, el cuidado de los discapacitados, la no creación de plazas para cuidados de niños entre cero y tres años, y la disminución de otras facilidades públicas como comedores colectivos escolares.
Maatricht y los criterios de convergencia son los causantes de los recortes presupuestarios que no generan empleo al reducir las inversiones en infraestructuras y recortar prestaciones en Sanidad, Servicios Sociales, Educación, etc.
Leyes como la reciente Reforma del Mercado Laboral, han sido una agresión hacia toda la clase trabajadora, pero especialmente en las mujeres va a tener sus mejores aliadas, puesto que su escasa organización les hace aceptar los puestos más baratos y precarios.
Las políticas neoliberales que precarizan el empleo, aumentan el paro en las mujeres degradando su calidad de vida, están produciendo un efecto de retardo en la lucha por la emancipación de la humanidad y también un grave deterioro en la lucha por la igualdad.
Otro tema importante cuyo debate tiene que profundizarse en la sociedad, es la violencia que sufre la mujer. La violencia contra las mujeres, es un ataque a la integridad física y mental que ha estado y está presente en todas las sociedades a lo largo de los siglos.
La violencia contra las mujeres se inserta en el contexto de las relaciones de desigualdad de poder cultural, socioeconómico y político, relaciones en las que el poder masculino es dominante y reduce a las mujeres a la dependencia económica, social, emocional y cultural. Es una característica inherente a la sociedad patriarcal.
La violencia contra las mujeres se expresa en
diferentes formas y diferentes espacios.
El abuso físico manifiesto- malos tratos, violaciones, acoso sexual...
La privación de recursos para el bienestar físico y psicolígico- educación, salud, discriminación laboral...
La mercantilización- tráfico, prostitución...
La violencia doméstica contra las mujeres es quizá la más generalizada en el conjunto del estado español.
Los datos escalofriantes de 75 mujeres muertas durante 1997, según el Ministerio del Interior, hace que el conjunto de la sociedad fundamentalmente los poderes públicos, deban tomar medidas de carácter urgente y de forma integral para erradicar esta lacra.
Los distintos datos que las asociaciones de mujeres manejan, revelan que entre un 35% y un 45% de las mujeres que viven en pareja, sufren malos tratos.
Desde IU-ICAM proponemos un conjunto de medidas para abordar la situación de violencia contra las mujeres.
Coordinación del conjunto de las administraciones públicas que tengan actuaciones en programas de violencia contra las mujeres, de forma que se establezca un Programa de actuación común para este fin.
Actuaciones en materia de sensibilización social.
Creación de la Fiscalía Especial para la violencia contra las mujeres con su respectiva implantación en el conjunto de las provincias de Castilla-La Mancha, dotándolas de equipos técnicos para el desarrollo de sus funciones.
Aplicación de la LOGSE en cuanto al desarrollo y dotación de los medios suficientes para su puesta en práctica en materia de educación afectivo-sexual en todos los centros de enseñanza.
Incorporación en la programación de los medios de comunicación fundamentalmente públicos, de campañas y programas de prevención contra la violencia a las mujeres mediante espacios de divulgación de los valores de igualdad y no violencia.
Garantizar en todas las instancias de las administraciones públicas, partidas presupuestarias suficientes para programas de atención a mujeres víctimas de malos tratos.
Presencia en todas las comisarías de policía de unidades especiales que garanticen la atención a las mujeres víctimas de violencia con personal especializado. En las zonas rurales, implantar estos servicios en los puestos de la Guardia Civil.
Garantizar la atención jurídica y psicológica a las mujeres víctimas de malos tratos.
Aumento de las casas y pisos tutelados en todo el territorio regional.
Garantizar los servicios de información gratuita 900 durante todos los días del año y en servicio de 24 horas.
Modificar el sistema de casas de acogida garantizando la acogida urgente durante las 24 horas del día, la existencia de programas psicológicos y de autoestima, programas de inserción laboral, condiciones de habitabilidad para las mujeres y sus hijos e hijas.
Las reformas del Código Penal deberán ir encaminadas a que las penas guarden relación con la entidad y gravedad de los delitos de agresión a la mujer.
Eliminación del Código Penal, la reiteración a la violencia para que se considera como delito.
Creación en los Colegios de Abogados de un turno de oficio específico de asistencia y asesoramiento a mujeres maltratadas, atentido por personal con formación cualificada para ello.
Ingreso con carácter inmediato de los hijos e hijas de mujeres maltratadas en las escuelas infantiles, siendo gratis los gastos escolares.
Programas de acción positiva para el acceso de mujeres víctimas de malos tratos en las actuaciones de formación y empleo de la Junta de Comunidades y otros organismos públicos, con incidencia en Castilla-La Mancha, para evitar la exclusión social de este colectivo de mujeres.
Inclusión del criterio de mujeres víctimas de malos tratos en la baremación de viviendas sociales en régimen de alquiler o compra.
Medidas de apoyo para que las mujeres que han cursado la separación por malos tratos, no tengan que convivir forzosamente con su agresor hasta la resolución judicial.
La tasa de empleo femenino en Castilla-La Mancha está 4,7 puntos por debajo de la media nacional, situándose en un 24,4% según los datos de la E.P.A. del último trimestre de 1997.
Sin duda el reparto del trabajo debe ampliarse al colectivo de las mujeres, así IU-ICAM en este campo hace las siguientes propuestas:
Una política de pleno empleo, con una ley de reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, sin merma salarial.
Una política educativa que promueva un cambio de valores desde una sociedad individualista y discriminatoria hacia la mujer, hacia una sociedad igualitaria, solidaria y cooperativa. Incrementando la formación en políticas de igualdad y coeducativas.
Incremento de la formación y cualificación profesional de las mujeres.
Incrementar los recursos presupuestarios en educación que permitan la creación de escuelas públicas infantiles, becas y subvenciones con el fin de que la infancia tenga la escolarización cubierta.
Promulgar una nueva ley de divorcio que esté basada en el principio de ruptura y no en la búsqueda de causas.
Creación de mecanismos de investigación de rentas de trabajo y de capital para las obligaciones de pensión alimenticia.
Juventud
Desde la importancia del protagonismo activo de la juventud en la transformación de la realidad social hacia una nueva, más participativa, dinámica y solidaria como así lo corroboran los documentos políticos aprobados en la V Asamblea Federal y ante la grave situación que como colectivo atraviesa la juventud: desempleo, marginación... se hace prioritaria una línea de acción conjunta que aglutine todo el esfuerzo de las áreas de juventud en cada Asamblea Local.
Los jóvenes de IU-ICAM proponemos la necesidad de realizar políticas de juventud efectivas y prácticas, que nos lleven al desarrollo personal como jóvenes que somos y al acceso igualitario por parte de todos nosotros a cualquiera de los mecanismos propuestos por las distintas administraciones públicas que hagan efectiva nuestra participación con el conjunto de la sociedad.
Por todo ello las línea programáticas que aprobemos en esta VIII Asamblea Regional han de ser el marco por el que los programas locales y comarcales podrían regirse, teniendo en cuenta, por supuesto, las realidades concretas y puntuales de cada espacio y momento.
Como línea prioritaria debemos afrontar el gran problema juvenil que es el paro. Los jóvenes nos vemos sin la posibilidad de realizarnos como persona en la sociedad, al recortarnos el derecho fundamental, recogido en la Constitución, al trabajo digno. Este debe ser nuestro gran caballo de batalla en el área de juventud de IU-ICAM, reflejándose esto en la política local y en el trabajo cotidiano de las asambleas de base. Las acciones a realizar en esta línea no sólo irían encaminadas a exigir a las administraciones públicas competentes la creación de planes de empleo que solucionasen de manera definitiva el problema del desempleo juvenil, sino también, en crear una conciencia entre los jóvenes de los diferentes pueblos y ciudades de la necesidad de exigir este derecho fundamental.
Como acciones concretas planteamos las siguientes:
Mejorar la organización de las Escuelas Taller actuales y la creación de otras nuevas, vinculadas a las nuevas tecnologías dirigidas a una plena inserción en el mercado laboral, potenciando la formación ocupacional.
Fomento de los mecanismos de autoempleo juvenil -Cooperativismo juvenil, proyectos de desarrollo local, turismo verde, ecodesarrollo, etc.
Campañas de sensibilización en cuanto a la situación de los jóvenes desempleados.
Control y potenciación de los planes de empleo juvenil que promueven las instituciones públicas.
Otra línea importante de actuación es la política de vivienda para los jóvenes. Cada vez la juventud tarda más en tener las posibilidades para acceder a la primera vivienda, deberemos potenciar la puesta en el mercado de viviendas en alquiler a bajo costo. Además debemos seguir potenciando la promoción pública de viviendas, así como la protección oficial en regímenes que favorezcan a los jóvenes con escasos recursos económicos.
El fomento y apoyo a la participación juvenil ha de ser otra de nuestras línea de acción. Esto se debe plasmar en potenciar canales de comunicación y participación de los jóvenes en la vida pública de cada pueblo y ciudad, ya sea a través de consejos de juventud, asociaciones u otros cauces que se creen para oir la voz de los jóvenes en la sociedad, de aquí podrá surgir la exigencia de una política activa de juventud en las instituciones públicas.
La cultura y la educación son un pilar fundamental en el crecimiento como personas creativas y formadas. Hemos de tener en cuenta esta faceta como otra de nuestras líneas de acción: potenciando casas de juventud en todos los municipios donde se ubiquen bibliotecas, filmotecas y espacios de reuniones para jóvenes. Estos lugares han de ser bien gestionados para que puedan ser útiles al conjunto de la juventud.
También hemos de incluir el desarrollo deportivo como una línea de acción, debemos potenciar los espacios deportivos como lugar de encuentro y esparcimiento.
Con las aportaciones de todos los y las jóvenes que formamos IU-ICAM, es seguro que podemos completar unas líneas de acción para los jóvenes verdaderamente válidas y coherentes. Y para llevarlas a cabo es necesaria un Área de Juventud fuerte a nivel regional que potencie y ayude a las diferentes áreas de juventud de las Asambleas de Base.
Izquierda Unida ha conformado unas líneas programáticas básicas donde se define un modelo de desarrollo diferente en sus fundamentos, planteamientos y políticas al propugnado por el neoliberalismo, en el que se superase la continuada agresión al medio ambiente, en el que se avance hacia una mayor igualdad y hacia un reparto justo de la renta y de la riqueza y a través del cual, en definitiva, se haga compatible el equilibrio ecológico con la satisfacción de las necesidades sociales.
Una armónica estructuración del territorio, implica la adopción de medidas concretas en todos los órdenes, desde el empleo hasta la progresividad fiscal, pasando por una reordenación de la actividad económica, de los transportes, de la sanidad, la educación, la agricultura, en suma todos los elementos que situados en un espacio y un tiempo concreto, articulan un entorno agresivo o plácido al ser humano que puebla ese espacio en ese tiempo.
IU-ICAM, propugna por un modelo de desarrollo diferente al actual en el territorio castellano-manchego, encardinado con un modelo de desarrollo también diferente, a nivel de un estado federal en el que creamos y por el que apostamos.
Los síntomas ecológicos de la imposibilidad de mantener un modelo de desarrollo agresivo con el entorno medioambiental, alteraciones climáticas, pérdida de biodiversidad, deforestación y desertificación, erosión incontrolada de tierras abandonadas, esquilmación de acuíferos y del conjunto de los recursos hídricos, contaminación atmosférica, mantenimiento de instalaciones nucleares obsoletas, antieconómicas y muy peligrosas, amenazas de instalación de cementerios de residuos de alta radiactividad y de productos tóxicos, etc. nos hacen necesario plantear un modelo alternativo de desarrollo en el que se revise la base ideológica, del actual modelo basado en un mero crecimiento económico, sin tener en cuenta que cualquier modelo debe servir al conjunto de los ciudadanos y no a una élite privilegiada, carente de responsabilidad y la solidaridad necesaria para "gestionar" armónicamente un territorio en el que hombre, es decir, necesidades sociales, y naturaleza convivan complementándose, subordinándose y sirviéndose mutuamente.
IU-ICAM, apuesta por un cambio en el sistema de valores en el que empiecen a tener verdadera importancia la integración, la cooperación, la solidaridad, la autonomía, la conservación y la escala adecuada entre el hombre y su entorno.
El empleo de la palabra desarrollo implica una mejora cualitativa de las potencialidades del ser humano en sus aspectos sociales y culturales más que a un incremento cuantitativo de la producción física de bienes materiales.
Para que una sociedad sea realmente sostenible hace falta que lo sea tanto en el plano físico -utilización sostenible de los recursos agotables- como en el plano social superando las desigualdades sociales y territoriales. Como aprobábamos en nuestra V Asamblea Federal:
"No puede haber sostenibilidad ecológica sin equidad social".
Políticas de Medio Ambiente.
IU-ICAM tiene que adoptar posiciones en las que claramente se ponga de manifiesto su decidida apuesta por la salvaguarda y uso racional de los recursos naturales. Desde esta perspectiva desde las instituciones en las que se encuentra representada debe adoptar una posición ejemplarizante. De este modo, ningún ayuntamiento de Castilla-La Mancha debe carecer de la Concejalía de Medio Ambiente o de un Consejo Municipal de Medio Ambiente. Asimismo y en función de la legislación en vigor, debe ponerse especial cuidado en el tratamiento de los residuos urbanos.
IU-ICAM debe ser solidaria con otros territorios vecinos del nuestro y en este sentido se deben establecer políticas capaces de superar los intereses de federación y apostar por el interés general y ante todo conservacionista. En este sentido desde IU-ICAM abogamos por:
Mejora de los contenidos de la legislación de Impacto Ambiental, extendiendo y precisando más su aplicación, incluyendo los planes estratégicos, las actividades militares y cualquier otra mejora tendente a adecuarlas a los problemas reales.
Ley de implantación de Ecoauditorías.
Ecologización del funcionamiento de las administraciones públicas.
Unas prácticas agrarias como base del desarrollo rural sostenible, con ordenación y planificación de cultivos y con la implantación de un plan de reducción de agroquímicos.
Transporte público que reduzca la contaminación a todos los niveles, priorizando el uso del ferrocarril tradicional de velocidad alta y subordinando los proyectos de nuevas líneas de alta velocidad que atraviesen el territorio castellano-manchego a la auténticas necesidades de nuestra comunidad.
Revisión de los nuevos trazados de autovías y autopistas, haciendo compatible su existencia con la preservación de los espacios naturales.
Nuevo Plan Energético Nacional introduciendo objetivos ecológicos de reducción de CO2 y de SO2 y de las Nox, con un desarrollo paralelo de energías renovables.
Abandono de la energía nuclear con compensaciones de todo tipo a los municipios de nuestra región afectados por la presencia durante años de estas instalaciones.
Un problema especial en Castilla-La Mancha: El agua
Al hablar de gestión del agua como factor limitador, se desemboca ineludiblemente en el aprovechamiento sostenible de la misma como recurso plenamente integrado en el modelo económico y ambiental del conjunto que propugna IU-ICAM. Y en este sentido, las políticas hidráulicas deben pasar por:
El fomento del ahorro y el incremento de la eficacia en todos los usos consuntivos.
La investigación permanente del ciclo completo del agua.
La consideración del agua como un elemento básico imprescindible para la pervivencia de los procesos ecológicos.
El reconocimiento del importante papel económico del agua como recurso desde la óptica de la gestión de la demanda.
La consideración del agua como elemento renovable en el tiempo y limitado en el espacio, en un delicado equilibrio con el marco físico, -la cuenca y el acuífero- y el medio socioeconómico, lo que apunta a la necesidad de un desarrollo cercano al lugar de ubicación del recurso y a la conveniencia de plantear políticas de grandes y lejanos trasvases, solución económica y ambientalmente desfavorable y desequilibradora a medio y largo plazo.
La necesidad de no permitir la degradación de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, acometiendo programas de recuperación y de prevención de la contaminación.
Modificar ahora es conservar para el futuro.
Los procesos erosivos en Castilla-La Mancha, se acentúan si se tienen en cuenta las factores locales: Así el abandono de tierras y la desertificación debida a procesos climáticos y la desaparición del bosque, han propiciado importantes procesos de pérdida de suelos que es imprescindible frenar. Una ley de protección y regeneración de suelos, es urgente para el conjunto del estado y especialmente precisa para Castilla-La Mancha. IU-ICAM, presentará iniciativas para la creación de un servicio regional de conservación de regeneración de suelos.
La gran extensión del bosque en nuestra región y la gran propiedad inherente a la misma, hace necesaria una nueva Ley de Montes y un Plan de Directrices Forestales mediante el cual se establezcan medidas de protección y fomento a las especies vegetales faunísticas autóctonas, una Ley de Caza respetuosa con el medio natural, y medidas de apoyo a la propiedad mancomunada y otras fórmulas de gestión del monte que hagan revertir la mayor parte de los beneficios que produce en las entidades locales.
IU-ICAM, defiende una concepción abierta de las políticas de conservación, haciendo de ellas uno de los focos de implantación de la sostenibilidad. Así los espacios protegidos se convierten en elementos de ordenación territorial a los que corresponde un plan comarcal de desarrollo sostenible.
Parques Nacionales, Parques Naturales, reservas, y otras modalidades de conservación han de ser revisadas en Castilla-La Mancha. Los Parques Nacionales, como el de Cabañeros, han de tener una gestión absolutamente pública. Parques Naturales como Las Lagunas de Ruidera, deben ser elevados a la categoría de Parque Nacional y evitar así la penosidad de su existencia, maltratado diariamente por todo tipo de agresiones.
La Serranía de Cuenca, los Hayedos de Guadalajara, la Sierra de Alcaraz, Alcudia, la Sierra Morena de Ciudad Real y el conjunto de los Montes de Toledo, así como el relieve volcánico del Campo de Calatrava deben contar con especiales medidas de conservación integral al ser reserva de vida no sólo para la fauna y la flora, sino también y muy especialmente para el hombre que forma parte de un paisaje que constituye la memoria histórica de generaciones sucesivas.
Política Territorial.
El modelo de desarrollo que propugna IU-ICAM, implica que economía, territorio y medio ambiente no pueden abordarse como si fueran sectores independientes, ya que cualquier magnitud, modificación o tendencia que se produzca en uno de ellos, revierte automáticamente en los demás.
Las propuestas que para Castilla-La Mancha, propugna IU-ICAM, se configuran en torno a un nuevo modelo de desarrollo económico y social, por una adecuada gestión del medio ambiente por un equilibrio territorial por lo que se apuesta por la intervención pública, por la planificación y por una participación social de la población en el análisis, propuestas y evaluación del marco social en el que vivimos.
Castilla-La Mancha es un territorio desarticulado, la mayoría de las provincias que lo componen tienen altos porcentajes de población gravitando sobre la capital sin que existan núcleos capaces de organizar sus comarcas. La única provincia que escapa a esta realidad es Ciudad Real, donde la presencia de una industria transformadora de productos agrarios, unida a la petroquímica ha permitido la pervivencia de ciudades que aún en medio de la atonía generalizada, actúan como cabeceras de comarca manteniendo unas estructuras económicas y sociales algo mejores que en el resto de la región. El efectos frontera ha influido negativamente en Guadalajara y Toledo, Cuenca carece de una dinámica de actividad y Albacete, concentra su actividad en la capital que se ha erigido en la urbe más populosa de Castilla-La Mancha.
Urbanismo y Vivienda.
Es indudable que esta situación está planteando problemas territoriales y urbanos, despoblamiento casi generalizado y concentraciones de población que demanda servicios cada vez en mayor cuantía y de mejor calidad.
Esto requiere una clara respuesta de las instituciones que debería pasar por:
Revitalización de los espacios de hábitat como prioridad de una actividad urbanística.
Activación de medidas de planeamiento municipal y supramunicipal tendentes a frenar la especulación, el abandono de los centros, la contaminación en todos los órdenes, en definitiva, la degradación del espacio urbano.
Reivindicación de los valores del medio urbano tradicional donde la convivencia era lo cotidiano, la solidaridad una práctica y la vecindad un vehículo de reivindicación de problemas comunes.
Conseguir un medio ambiente urbano en el que el hombre se sienta en un hábitat placentero, reivindicando espacios para el peatón, jardines, plazas, centros culturales, espacios para vivir y convivir.
Una gestión pública y coordinada de la planificación urbanística y de la gestión del suelo consiguiendo que las cesiones a los ayuntamientos vuelvan a ser como mínimo del 15%, evitando la suburbanización incontrolada y la construcción en terrenos que no estén calificados como suelo urbano.
En definitiva, definir como unidad básica de la estructura urbana espacios en los que los ciudadanos y ciudadanas recuperen el control de su tiempo y su espacio.
La vivienda es otro de los grandes retos de Castilla-La Mancha. La iniciativa privada, amparándose en fórmulas proteccionistas (VPO, PT) ha sido la gran responsable del deterioro de los centros históricos en la mayoría de las ciudades de la región. Toledo y Cuenca y en menor medida Guadalajara, han escapado a este proceso, sin embargo la situación en la que se encuentran estas ciudades reconocidas como Patrimonio de la Humanidad, es francamente preocupante.
La continua confluencia de población a los núcleos rectores, ha implicado en muchos casos un urbanismo desordenado y un encarecimiento de la vivienda al multiplicarse por cifras millonarias el precio del suelo y por tanto el precio del metro cuadrado construido.
La política de viviendas llevada a cabo desde las administraciones locales y autonómica ha sido deficiente, no ajustada a las necesidades y posibilidades económicas de los usuarios y desde luego insuficiente. Los Ayuntamientos no se han atrevido en la etapa de gobierno socialista a crear empresas municipales de la vivienda que hubieran resuelto parte del problema de la carencia de viviendas para determinados sectores de la población. No parece que los actuales gestores del PP, quieran cambiar esta situación. No ha existido una clara vocación de adquisición de suelo para fomentar el patrimonio municipal, y en el planeamiento urbano, ha primado más el interés especulativo que las necesidades reales de ll ciudad. Salvo excepciones, las Gerencias Municipales de Urbanismo no se han desarrollado, y ni mucho menos las Gerencias Mancomunadas.
Por otra parte, la falta en la mayoría de los ayuntamientos grandes de un registro de solares, ha contribuido al incremento del precio del suelo construible.
La Junta de Comunidades, cuando ha acometido planes de viviendas de promoción pública, lo ha hecho alejada de la realidad, las promociones basadas en un sistema de módulos, no han sido lo suficientemente amplias y por tanto no han servido para remediar con contundencia la carencia de viviendas en amplios sectores de la población. Los créditos gestionados por la administración regional y aplicables a la adquisición de viviendas sociales tienen un interés similar al que se ofrece en la banca privada. Las viviendas son de mala calidad y el deterioro que sufren es rápido e intenso.
No existe una clara vocación por establecer planes de viviendas en alquiler destinadas a jóvenes o ancianos.
Ante esto IU-ICAM propone:
Planificar las soluciones con los agentes sociales implicados e integrarles en la gestión del urbanismo.
Empleo de los PERI como elemento corrector de distorsiones urbanas, planteando la necesidad de que al menos la mitad de las viviendas que en ellos se construyan sean de promoción pública, estando el resto acogidas a cualquier otra medida de protección pública.
Intervención pública directa mediante la constitución de empresas o institutos municipales de la vivienda y mediante la creación de patrimonios municipales de suelo como reguladores del mercado.
Desde IU-ICAM, plantearemos propuestas tendentes a que al menos el 3% anual del presupuesto municipal se dedique a la adquisición de suelo destinado a viviendas.
Fomentar la rehabilitación de espacios urbanos.
Creación del Instituto Regional del Suelo para canalizar las políticas de suelo y urbanización.
Establecer baremos oficiales al margen de los empleados por los colegios de arquitectos, para evitar desviaciones en los costes reales de la vivienda y corregir el fraude que se genera en los ayuntamientos.
Diseñar planes de vivienda específicos para jóvenes y entretanto despenalizar la okupación de edificios abandonados.
Para abordar lo relativo a participación ciudadana, debemos comenzar por la definición de principios de Izquierda Unida, contenida en los documentos aprobados en nuestra V Asamblea Federal: "Izquierda Unida debe trabajar de manera muy abierta intentando atraer a la mayor parte de la población en especial a los sectores progresistas, movimientos ciudadanos, trabajadores, pequeños y medianos propietarios, empresarios y comerciantes, movimientos alternativos, no sólo en la elaboración o en la movilización, sino también en la participación política a través de opiniones, propuestas o proyectos, sobre todo a personas con pensamiento dentro del ámbito de la izquierda y el progresismo, respetando escrupulosamente su afinidad política o de grupo".
Basándonos en el principio de pluralidad, IU-ICAM, es un movimiento político y social, en él conviven partidos, corrientes de opinión y personas a título individual con un contacto directo y constante con los movimientos sociales cuyo sentido es el reforzar el vínculo entre representación y participación de los ciudadanos. Esta opinión resulta más adecuada para una concepción abierta, flexible y participativa de las actividades político sociales y político culturales.
Como ya decíamos en nuestra ponencia de organización, este carácter de movimiento político y social es la forma más idónea no sólo para el despliegue de IU-ICAM en la sociedad y para hacer un proyecto cada vez más abierto y participativo, sino también para la articulación del pluralismo, seña fundamental de identidad de Izquierda Unida.
Otro de los principios básicos de IU-ICAM en relación a la participación ciudadana, es el de la elaboración colectiva. Esta aporta a la organización; descentralización política, horizontalidad, capacidad participativa, coherencia y posibilidades alternativas y de movilización que otras formaciones políticas clásicas no tienen.
La movilización social hoy, tiene como objetivo acercarse a las demandas e inquietudes de las personas o grupos interesados en conseguir mejorar su realidad. Esto supone estar presente en el tejido social con actitudes y propuestas que ganen credibilidad.
Un movimiento social es una agente movilizador que persigue el objetivo de provocar, impedir o anular un cambio social fundamental, obrando para ello, con cierta continuidad, un alto nivel de integración simbólica y un nivel de especificación de roles, y valiéndose de formas de acción y organización variables.
Las áreas de elaboración colectiva son el instrumento de participación y movilización social que garantizan la coherencia con las alternativas programáticas y sociales. Son el elemento central de interlocución y relación con la sociedad y con los movimientos sociales. Relación que desde un marco de respeto mutuo tiene un doble sentido; por una parte, nuestra capacidad para ser sensibles y comprender los problemas, la concepción y percepción que sobre los mismos tienen los movimientos sociales, sus organizaciones y los propios ciudadanos y ciudadanas, y hacer de esto una clave esencial de nuestra elaboración e iniciativa política, con una perspectiva global, siendo lo más abiertas y amplias posibles.
Es necesario desarrollar nuestra capacidad para trasladar estas elaboraciones e iniciativas al conjunto de la sociedad y de los movimientos que la integran con el objetivo de implicar la mayor número de organizaciones, colectivos y personas en la toma de decisiones y en la actuación transformadora sobre su realidad.
El pilar básico de este proyecto es el desarrollo de una democracia participativa en todas las esferas de la actividad política, económica y cultural que va más allá del marco estatal-nacional, dando así todo su contenido a nociones como ciudadanía activa, paridad, derechos y libertades plenas.
Democracia participativa en todos los ámbitos: escuelas, institutos y universidades, en los sindicatos, en los movimientos de masas y en las instituciones, con la creación de espacios de pode social que fomenten mayores cotas de democracia, más participativa y capaz de controlar las instituciones desde la sociedad.
El concepto de participación lo entendemos como intervención ciudadana en los procesos de decisión política y en el control de las políticas públicas. Tiene como objetivo fundamental la democratización del espacio público que debe extenderse al ámbito de la sociedad civil.
La democracia participativa es complementaria con la democracia representativa cuyos órganos e instituciones resultan más permeables a la acción y participación de los ciudadanos.
El desarrollo de esta participación implica:
Adecuar las instituciones y procedimientos democráticos vigentes a las nuevas realidades sociales.
Crear nuevas estructuras políticas que permitan una participación más activa de los ciudadanos y las ciudadanas.
Promover una sociedad civil fuerte y vertebrada en las que las organizaciones y colectivos sociales, desde diferentes expresiones y propuestas, contribuyan con un necesario protagonismo a la democracia y a la transformación de la sociedad.
La descentralización como elemento imprescindible en la formulación del modelo participativo.
La descentralización se plasma en nuestra apuesta por un estado federal, el fortalecimiento del poder y de las competencias de los municipios, ya que consideramos a éstos como el espacio idóneo para articular la democracia participativa, pudiendo acercar al ciudadano el conjunto de actividades y servicios que más incidan en sus condiciones de vida; son los ámbitos más apropiados para ese impulso político y social de la izquierda para transmitir información, para investigar, actuar y participar para construir espacios y tiempos de libertad.
De la misma manera que la emancipación económica es el embrión de cualquier proyecto transformador de la sociedad, el desarrollo cultural forma parte esencial del discurso político emancipador. La función de la comunicación y de la cultura, entendidas como formación de conciencia crítica y como motor de desarrollo alternativo, de progreso humano de muchos y no exclusivamente de unos pocos debe concretarse en:
Políticas de apoyo y defensa de la diversidad cultural y el pluralismo, concebido éste como ausencia de estética oficial.
Políticas de participación y democratización. Igualdad de oportunidades.
Política de medios; es decir, dejar hablar a las minorías y hacer reflexionar a las mayorías sobre ellas.
Ampliar el conocimiento del entorno, contribuyendo a la formación de opinión y de sentimientos democráticos, fomentando la conciencia crítica del ciudadano, promoviendo la responsabilidad social y la creatividad.
Para IU-ICAM, la cultura es la respuesta que da un colectivo ante determinadas situaciones. Así en un mundo diverso, las respuestas, por lógica, son también diferentes y, por tanto, las manifestaciones culturales. La división de nuestra sociedad en clases tiene como consecuencia que exista una cultura de élites y otra de la clase dominada. No obstante hoy, no es fácil determinar qué manifestaciones son propias de cada uno de esos grupos. Además, si existe un imperialismo económico y político, también sufrimos un imperialismo cultural.
La cultura no es sólo la de las élites, ni sólo la popular. Partiendo de una definición globalizadora y amplia de cultura, hemos de plantearnos la necesidad de que exista una legislación que proteja y salvaguarde el patrimonio cultural porque es necesario y urgente comenzar a conocer y conservar la Cultura Popular. Patrimonio cultural es toda manifestación de los grupos humanos a través de la cual pueden conocerse las peculiaridades de su cultura. Toda manifestación de nuestras culturas debe contar con la protección de una legislación avanzada, especialmente los elementos simbólicos y las formas de producción, redistribución e intercambio tradicionales. La toma de conciencia sobre los contenidos de la propia cultura sirve de punto de partida para el desarrollo de la tolerancia y el disfrute de los elementos que esa cultura genera y ofrece como transformadora de la sociedad. En este proceso sería desaconsejable el dirigismo institucional, el cual hasta ahora sólo ha fomentado fenómenos de modernización vacíos que no se corresponden con las realidades sociales y económicas que los sustentan.
La producción democrática de comunicación y cultura no debe reproducir lo que ya tiene validez sin trascenderlo buscando establecer nuevas relaciones entre las cosas y los estados de cosas. IU-ICAM propone:
Crear las bases para un desarrollo integral de los ciudadanos en un entorno rico y respetuoso con las diferencias culturales, étnicas, sociales y sexuales.
Fomentar una cultura abierta y cambiante, sensible al enriquecimiento.
Creación de espacios y tiempos que sean elementos articuladores de los distintos movimientos culturales.
Desarrollar políticas sectoriales sobre música, danza, teatro, cine, etc., participativas y servidoras de una cultura del pueblo y para el pueblo.
Enseñanza pública y de calidad.
La educación ha sido habitualmente concebida desde el poder como inculcación ideológica o como mecanismo de ascenso social. En la época actual y en coherencia con el desarme ideológico generalizado de la sociedad, se ha pretendido restar importancia a la función intrínseca de la educación.
Desde nuestro punto de vista, la educación ha de concebirse como reflejo de una opción política que cuente con la participación, la crítica y el trabajo colectivo como elementos esenciales y al mismo tiempo como proceso de desarrollo personal y social que no quede limitado a la mejora de la situación individual en la estructura social. La educación no debe quedar reducida a los problemas de la escuela ni al consumo, sino que debe estar insertadas en un proyecto político global y tiene un potencial transformador que no podemos desaprovechar.
IU-ICAM entiende que una apuesta por la reestructuración del modelo educativo ha de pasar necesariamente por:
La integración en una propuesta programática general elaborada por todos los que están implicados en la misma, alumnos, APAS, Asociaciones Vecinales, sindicatos, partidos y fuerzas políticas, y por supuesto las instituciones y organismos que financian y legislan.
La educación ha de concebirse desde el criterio de enseñanza y aprendizaje permanente en espacios, tiempos y agentes que transciendan la meramente institucional.
La educación ha de fomentar la participación y la democratización de nuestras instituciones y de la propia sociedad.
La educación ha de evitar la discriminación que supone el olvidar u obviar intencionadamente las diferencias.
En educación debemos apostar decididamente por lo público.
Educar para la paz y la convivencia ha de ser el eje de nuestro esfuerzo cotidiano.
Debemos superar los problemas estructurales de una educación anclada en leyes, fórmulas y prácticas hijas de falsos progresismos ejerciendo el control democrático que la existencia de órganos plurales de participación nos permite. Es necesario eliminar el "mercado" como elemento fundamental en la asignación de recursos y elaboración de políticas, la atención de los colectivos menos favorecidos, cada día más numerosos como consecuencia del neoliberalismo que nos impregna, ha de ser uno de los objetivos prioritarios de IU-ICAM.
Como fuerza política que quiere conseguir una sociedad mejor, más igualitaria y más solidaria, IU-ICAM debe tener en la búsqueda de una educación de calidad uno de sus objetivos políticos de primer orden. Para ello no basta con ofrecer oportunidades formalmente iguales para todas las personas; es preciso aplicar políticas compensatorias que vayan limando las desigualdades ante la educación. Nuestras propuestas programaticas deben buscar la efectiva garantía de los derechos educativos recogidos en la Constitución, evitando discriminaciones entre Comunidades Autónomas y por razón de residencia, procedencia social, etc.
Para avanzar en este proceso es necesario alcanzar un nivel de financiación de la educación acorde con los principios y objetivos establecidos auténticamente; se hace necesario un incremento del gasto público, en relación al PIB, dedicado a la educación, de forma que en los proximos años se aproxime al 6%, incrementando a la vez las partidas dedicadas a la formación profesional y a I+D.
Como fuerza política que defiende la necesidad de lo público y la gestión común del "estado del bienestar", la defensa de la Escuela Pública se convierte en uno de sus pilares; creemos básico apostar, trabajar, por una educación laica, pluralista, científica y critica; necesitamos la gestión democrática de los centros educativos y la apertura de la escuela al entorno social.
Pues bien, hoy más que nunca la Escuela Pública está conociendo una política de acoso y derribo por parte del PP. A la ya errática política del PSOE, sobre todo en lo que respecta a los conciertos educativos, se suma ahora toda una batería de medidas del actual gobierno, que en estas materias hace gala de su más extremo liberalismo. En el Presupuesto de Educación para 1998 se establece una subida del 9,15% en Enseñanza Privada y del 2,1% en Enseñanza Pública, además de la expansión de la política de concertación, que amenaza gravemente a esta ultima.
De seguir así, en breve plazo la Enseñanza Privada será mayoritaria en todo el estado, aprovechándose notablemente de los desequilibrios sociales. Hoy más que nunca es necesaria una decidida acción contra esta política; debemos hacer lo posible por buscar apoyos y hacer del trabajo en defensa de la Escuela Pública uno de los ejes de nuestra acción política inmediata.
Por ello IU-ICAM debe realizar una fuerte campaña, a todos los niveles, de lo que supone esta política educativa del PP, a la vez que expongamos nuestra alternativa; se debe buscar, para ello, el apoyo de otras fuerzas sociales, políticas y sindicales, con las cuales sea posible establecer determinadas acciones que tengan como fin la defensa y extensión de la Enseñanza Pública. Acciones que deberían pivotar en torno a:
1.- Ley de Financiación de la Enseñanza que contemple un Fondo de Compensación Territorial.
2.- Ley de Calidad.
3.- Especial atención a la Educación Infantil de 0 a 6 años.
4.- Estudio y diseño de una Red Pública de Centros.
5.- Plan de Atención a la Diversidad ESO. Programas de Garantía Social.
6.- Evitar desigualdades territoriales en la oferta educativa.
7.- Plan de potenciación y mejora de la Formación Profesional: asegurar los recursos necesarios, garantizar la formación contínua, plan de formación del profesorado, etc.
8.- Especial atención a las EPAS.
9.- Completar las plantillas de los Centros.
10.- Mejora de la gestión de los Centros.
11.- Carácter subsidiario de los centros privados concertados.
En Castilla- La Mancha este reto se hace más perentorio por el proceso de transferencias; de cuya importancia basta decir que la de educación es la partida mayoritaria del Presupuesto Regional y que solo en personal transferido, reúne tanto como el resto de las Consejerías juntas.
Es preciso para ello hacer un seguimiento muy de cerca del proceso; sería conveniente establecer contactos con organizaciones como las JJCC para que informara y participaran del proceso, pudiendo ejercer nuestro derecho a opinar y a proponer alternativas. Negociar será difícil, pero es una de las metas que nos debemos proponer.
Sería importante también iniciar contactos con los sindicatos del ramo, especialmente con CC.OO. y UGT, y tratar de profundizar si fuera posible en la Alternativa de la Escuela Pública. Contactos que deben ampliarse a otros colectivos: AMPAS, Plataformas pro Defensa de la Escuela Pública, etc. Sería muy conveniente establecer una rápida y estrecha comunicación con estas Plataformas aportando en la medida de nuestras posibilidades apoyo logístico y material y, trasladando sus reividicaciones a todos los foros posibles de discusión. Importante sería lograr establecer un programa regional de acción.
Estudio y debate del acuerdo para la educación firmado recientemente por numerosas fuerzas sociales, políticas y económicas de la región.
Iniciar campañas de información de lo que suponen las transferencias y cuáles son nuestras propuestas; adelantarnos a los acontecimientos. Debemos estar en la calle, en la opinión pública.
Está claro que en todo este proceso, debe de estar muy presente la Universidad y el futuro que propagamos para ella.
Hay que estar muy atentos a los desequilibrios que puedan producirse en:
Propuestas para las transferencias.
Desequilibrios regionales y comunales en la oferta educativa.
Extensión de la Educación Infantil.
EPAS.
Atención a la diversidad y a los colectivos de marginados.
Financiación universitaria y calidad.
Finalmente, conscientes de que todo es política y de que todo influye en la educación, defendemos la superación de la educación institucional, limitada en espacios, tiempos y agentes, situándola en la perspectiva de la educación permanente y como proceso cultural y liberador del ser humano.