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IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA LA MANCHA |
Considerando
que a lo largo de los tiempos la ciudadanía ha ido conquistando parcelas de
bienestar a través de conseguir que los Gobiernos intervinieran en el impulso
de un más justo reparto de la riqueza generada, consiguiendo universalizar el
derecho a la educación y a la salud y aspirar
a unos servicios públicos cada vez
más extensos y de mayor calidad.
Considerando
que lo público, a pesar de los ataques recibidos,
ha ido acumulando un rico patrimonio cultural, material y humano
obteniendo una rentabilidad social que ha favorecido, no solo la justicia
social, sino el mayor desarrollo integral del conjunto de la ciudadanía.
Considerando
que los trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en el sector público
contribuyen de una forma decisiva a apuntalar el Estado del Bienestar y
garantizar que sus cimientos no sean socavados.
Considerando,
que la propia obtención de un puesto de trabajo en lo público, es la máxima
garantía de estabilidad en el empleo y posibilita que los trabajadores y
trabajadoras puedan establecer un proyecto de vida con una base de cierta
seguridad.
Considerando
que el servicio público no se puede medir solamente con criterios de estricta
rentabilidad economicista, sino, muy especialmente, con criterios de
rentabilidad social.
Considerando
que si no fuera por la presencia en nuestra sociedad del sector público,
incluso con el mismo nivel de generación de riqueza, la marginación, el
desarraigo, la delincuencia, la violencia, la miseria, la humillación y hasta
el hambre, alcanzarían cuotas insoportables para la sociedad.
Considerando
que en nuestra sociedad Castellano Manchega, hay suficientes espacios para el
desarrollo de la iniciativa privada sin que éste se tenga que hacer a costa de
arrancar parcelas al sector público.
Considerando
que a pesar de todo ello, se continúa atacando al sector público, no solo por
sus detractores ancestrales, sino por Gobiernos que como el del Sr. Bono
mantiene una alarmante política privatizadora, que justifica en la búsqueda de
mayor “eficacia y ahorro” (expresión de algún Consejero) y que con sus antónimos
de “ineficacia y despilfarro” de forma indirecta, viene a desprestigiar la
tarea de determinados servicios públicos.
Considerando
que, no tenemos constancia de que haya figurado nunca en sus programas
electorales ni haya explicado nunca en sus campañas, la privatización de
servicios públicos, o dicho en términos más retorcidamente modernos,
llevarlos con “formas de gestión indirecta.”
Considerando
que la privatización de un servicio, para que sea interesante al sector
privado, lógicamente debe ser rentable económicamente, rentabilidad que, según
los manuales más elementales de economía, nace de la diferencia que obtiene la
empresa entre lo que percibe, en éste caso del erario público y los usuarios,
y lo que paga a los trabajadores más los gastos corrientes.
Considerando
que el Servicio Público, salvo raras excepciones, es gestionado con la misma
eficacia que puede hacerlo el privado, y que la plusvalía pasa a formar parte
de un mejor servicio al usuario, mejorar las condiciones de los trabajadores
y/o, en todo caso, generar un ahorro al erario público.
Considerando
que cuando los políticos elegidos por el pueblo para cuidar y gestionar lo público
“lo de todos y todas”, deciden privatizar los servicios, solo les avala la
razón de su propia comodidad, cuando no de intereses “inconfesables”
impropios y contrarios a principios éticos y al estricto interés público.
Considerando
que las actitudes privatizadoras de lo público atentan claramente contra la
dignidad de los propios trabajadores y trabajadoras a quienes pretenden hacer
aparecer como los responsables de la “supuesta ineficacia de lo público”
Considerando
que ésta actitud privatizadora, ha calado igualmente en muchos Alcaldes de
pueblos de nuestra Región y que tanto Junta como Ayuntamientos, privatizan sin
rubor servicios como el agua, recogida de basuras, pisos tutelados, servicios de
Colegios Públicos, de Ayuda a Domicilio, Residencias de Mayores, Centros de
Discapacitados, Parques y Jardines y todo lo que, incluso muchos de ellos,
ayudaron en su día a conquistar para lo público.
Considerando
que desde el propio Gobierno Regional se impulsa el deterioro de servicios públicos,
no cubriendo las plazas adecuadas para justificar finalmente su privatización.
Considerando que el Gobierno Regional, siendo el impulsor extraordinario de éste fervor privatizador, además de poner en evidencia su propia incapacidad manifiesta para gestionar la cosa pública, lo que realmente exhibe son sus políticas más neoliberales dignas de cualquier gobierno de centro derecha.
En
base a tales consideraciones, Izquierda Unida de Castilla La Mancha entiende que
ha llegado el momento de decir “basta ya a la política privatizadora del
Gobierno Regional y de los gobiernos locales” y entendemos que es rabiosamente
necesario forjar una INICIATIVA EN
DEFENSA DE LO PUBLICO, es por lo que hacemos un llamamiento a todos los
trabajadores y trabajadoras del sector público, a las Organizaciones Sociales,
Sindicales y Políticas y al conjunto de la ciudadanía Castellano Manchega a
proclamar y defender el servicio público, y la dignidad de sus trabajadores y
trabajadoras, ante el bofetón que están recibiendo con las privatizaciones que
suponen un duro ataque al estado del bienestar actual y especialmente al del
inmediato futuro.